La posibilidad de brindarles un respaldo económico a los trabajadores de la madera en periodo de veda ha generado un debate en torno a si esta alternativa se ajusta a las necesidades actuales o los enfoques deben dirigirse a contar con personal capacitado en labores forestales.
Bianca Morán, expresidenta de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines, recalcó que es clave promover la educación técnica para que se brinde un semillero de personal capacitado y se mejore la calidad de vida de quienes actualmente ejercen el oficio de manera informal.
“El 99% de las exportaciones de madera de Panamá provienen de plantaciones comerciales de teca donde se trabaja 12 meses al año, porque al terminar los meses de extracción, el personal pasa a trabajar en las plantaciones en labores de siembra y mantenimiento”, dijo Morán.
De acuerdo con Morán se ha probado que las plantaciones comerciales impactan favorablemente la economía de las poblaciones donde llega, debido a que todos los empleados tienen seguro social y el ambiente se cuida.
La experta destacó que las empresas que se dedican a la comercialización de maderas requieren capataces, motosierristas de precisión, ayudantes de capataces, mecánicos, digitadores de lista de empaques, entre otros.
En contrapunto recordó que el sector maderero, relacionado con la extracción del bosque nativo, representa el 1% de las exportaciones de madera del país (a destajo) y es ejecutado por personas informales, con un riesgo que genera muertos en el campo y es un negocio en vías de extinción.
“La venta de madera proveniente del bosque nativo no solamente está vetada en Panamá, sino en todos los mercados premium alrededor del mundo por su impacto sobre poblaciones frágiles, su contribución a la deforestación y degradación de la calidad del agua”, expuso.’
1 %
de las exportaciones de madera provienen de bosques nativos y son realizadas por informales.
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proyecto que establece una protección para los trabajadores de la madera y pesca.
Agregó que los operadores del bosque nativo no son sujetos de crédito en los bancos, ya que esta actividad es considerada lesiva al medio ambiente.
Con respecto al posible subsidio, Morán dijo que no genera ninguna posición de trabajo, no promueve el empleo ni asegura la libertad económica.
En la Asamblea Nacional hay una iniciativa que busca proteger a los trabajadores de la madera y la pesca. El proyecto establece una asignación monetaria mensual por parte del Estado durante el periodo de la suspensión forestal o veda.
De aprobarse, para acceder a la ayuda, la persona debe dedicarse de forma exclusiva a estas actividades, estar acreditado ante el Ministerio de Ambiente o ARAP. La asignación deberá cubrir las necesidades básicas del trabajador y en caso de que la veda supere los seis meses, el Estado tendrá que ayudar a insertar al trabajador en otra actividad.
El diputado Abel Beker, su proponente, dijo que la propuesta apunta a los trabajadores humildes que sobreviven de estos oficios y que reciben severos castigos cuando no cumplen las normas.
“Si hay una veda, ¿quién les da asistencia? En Costa Rica no tumban madera, pero son remunerados por ello. No podemos castigar a nuestra gente que corta una madera para vender y comprar una libra de azúcar o de pollo”, comentó.
Por su parte Alexis Peña, secretario general de la ARAP, precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener una participación más activa en este proyecto debido a que debe quedar claro de dónde vendrán los fondos para que las asignaciones monetarias sean sostenibles.
“Necesitamos el apoyo del MEF para garantizar este proyecto. Recomendamos analizar esto para ver la viabilidad y sostenibilidad”, subrayó Peña.
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